En una serie de despidos que ha generado consternación, el actual director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto Ángel Salcedo, ha separado de sus cargos a más de 300 compañeros del PRM que formaban parte de programas y proyectos completos.
A pesar de contar con documentación respaldatoria y pruebas de su asistencia y logros en la institución estos colaboradores se encuentran desconcertados por su repentina desvinculación.
La gran mayoría, cerca del 99% de ellos quienes ingresaron el 16 de agosto de 2020 son profesionales con títulos en licenciaturas, ingenierías y técnicos.
Los mismos cuentan con todas las pruebas que documentan su desempeño diario, certificaciones que avalan sus habilidades y formas concretas de demostrar los tres años que han estado al frente de sus respectivas posiciones.
Ante esta situación, un grupo de afectados ha unido fuerzas y planea presentar una demanda pública tanto contra el director de la institución como contra Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).
Se alega que Roberto Ángel Salcedo, incluso se ha negado a solicitar al Ministerio de Administración Pública (MAP), los cálculos de las prestaciones correspondientes, lo cual constituiría una violación del plazo de tres meses estipulado por la ley 41-08 de administración pública.
La pregunta que plantean es directa: ¿Cómo el actual director de PROPEEP, Roberto Ángel Salcedo, quien también dirige un sector externo de apoyo al presidente Luis Abinader, haya desvinculado a más de 300 empleados, y por demás transgredido sus derechos laborales en el plazo establecido?
Entre los despedidos, muchos de quienes se dedicaban a tareas técnicas como los conductores (choferes) han expresado su desconcierto.
Se entiende que los cambios administrativos pueden conllevar la sustitución de puestos de confianza, sin embargo, los colaboradores desvinculados cuestionan los motivos detrás de los despidos masivos.
En este contexto, la transparencia y claridad sobre los motivos detrás de los despidos resultan esenciales.
Los afectados buscan una respuesta contundente que justifique la decisión tomada por el director y, en última instancia, esperan resolver este asunto de manera justa y satisfactoria buscando no solo el reconocimiento de sus derechos como prestadores de servicios sino también el entendimiento de una medida “descabellada” e incoherente con el valor de honestidad que caracteriza el presidente de la República Dominicana.
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