Fuente: Informativo Global
San Pedro de Macorís.- Los familiares de un joven que lleva un año y tres meses detenido acusan a las autoridades judiciales y a la Policía Nacional (PN) de violar sus derechos. Alejandro Lafontaine, acompañado por familiares y amigos, ha protestado en varias ocasiones frente al tribunal de niños, niñas y adolescentes de esta ciudad, solicitando la intervención del presidente Luis Abinader, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República en el caso de su hijo.
El joven, involucrado en un incidente en el municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís, donde otra persona resultó herida por un arma de fuego, ha estado retenido más tiempo del estipulado por ley. Según Alejandro, los derechos de su hijo de 17 años han sido continuamente violados durante el proceso judicial que enfrenta.
Alejandro denuncia numerosas irregularidades en el procedimiento judicial, aseverando que estas anomalías buscan obstaculizar la defensa y retrasar la liberación de su hijo, quien ha excedido el período legal establecido para prisión preventiva en casos simples, según el artículo 241 del código procesal penal.
El padre señala que, a pesar de que las cámaras de seguridad registraron los hechos, la fiscal a cargo del caso no incluyó esta evidencia en su acusación, lo cual, según Alejandro, es una forma de evadir la realidad de lo ocurrido.
Originalmente, al joven se le impusieron cuatro meses de coerción, extendiéndose luego a seis, una medida dictada el 16 de mayo de 2023. Sin embargo, lleva más de un año y tres meses privado de libertad, a pesar de que la ley especifica que la prisión preventiva en casos simples no debe superar un año.
Alejandro afirma que la mayoría de los recursos presentados al tribunal han sido rechazados y que durante el tiempo de detención de su hijo, la medida solo ha sido revisada una vez, a pesar de que la ley establece que debería revisarse cada tres meses.
Exige la destitución de los jueces y fiscales que, según él, han violado los derechos procesales de su hijo. La familia urge a las autoridades superiores a tomar acciones para rectificar este proceso dilatado e injusto.
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